Cerco, justificaciones y mentiras

Gráfica: Manuel Fernández Malagón

Una simple lectura a los principales instrumentos jurídicos promulgados por Washington para instrumentar el bloqueo revela cómo este impone restricciones al derecho de personas naturales o jurídicas de cualquier país a establecer vínculos con Cuba.



Orlando Ruiz Ruiz

Hoy martes 25 de octubre la Resolución 65/6 de la Asamblea General de las Naciones Unidas: Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba será sometida por vigésima vez en las últimas dos décadas a la consideración de los actuales 196 Estados miembros permanentes de la Organización Mundial.

Ante los barruntos de una nueva derrota, como ha ocurrido en 19 votaciones anteriores desde 1992, los representantes del Gobierno norteamericano intensifican su tenebroso accionar en todo el mundo con el propósito de justificar, parapetados en una sarta de engañosos argumentos, la “necesidad” de mantener el cerco económico sobre la Isla.

Pero la propia historia de este abominable asedio descaracteriza a sus promotores. Las mentiras comenzaron con el pretexto mismo que esgrimieron ante la opinión pública mundial para iniciar la aplicación de tan arbitraria medida y solo se han modificado según la conveniencia del momento, a fin de evadir las denuncias por el daño que causa a un país soberano desde hace más de medio siglo.

Primero alegaron la supuesta pertenencia de Cuba al eje chino-soviético; le siguió entre los principales pretextos la llamada exportación de la Revolución a la América Latina y luego la presencia de tropas cubanas en África, que ayudaron a preservar la independencia de Angola, conquistar la de Namibia y derrotar al oprobioso sistema de apartheid imperante en Sudáfrica.

Desde hace dos décadas, al perder fundamento estas “razones”, esgrimen una presunta e hipócrita preocupación por los derechos humanos en la Isla del Caribe, cuando el cerco que imponen a la vida de los cubanos es precisamente la más brutal y generalizada violación de los derechos humanos aplicada a pueblo alguno, motivo por el cual califica como un delito de genocidio, según lo preceptuado en la Convención adoptada por la ONU en Ginebra en 1948.

Para confirmar el carácter transgresor del derecho presente en las acciones del bloqueo estadounidense, basta remitirse al memorando gubernamental del 6 de abril de 1960, ya desclasificado, en el que se fundamenta este con el declarado propósito de destruir la Revolución cubana mediante el hambre, la desesperación y el desaliento que, según calcularon sus promotores, tal política podría provocar.

Otra mentira no menos burda de los gobernantes de Estados Unidos es la afirmación de que el asedio económico, comercial y financiero constituye un asunto bilateral entre ese país y Cuba, tesis que esgrimen con el pretendido fin de no conceder legitimidad al debate del tema en la Asamblea General de las Naciones Unidas u otros foros internacionales. Pero el engaño se advierte en su probado carácter extraterritorial, atentatorio de la soberanía de todos los Estados del orbe, además de violar numerosos principios y normas del Derecho Internacional, incluida la propia carta de la ONU.

Una simple lectura a los principales instrumentos jurídicos promulgados por Washington para instrumentar el bloqueo revela cómo este impone restricciones al derecho de personas naturales o jurídicas de cualquier país a establecer vínculos con Cuba.

Esta ilegal práctica ha sido reforzada a partir de la última década del pasado siglo, sobre todo con la promulgación de la Ley para la Democracia Cubana o Ley Torricelli, en 1992, y de la Ley para la Solidaridad Democrática y la Libertad Cubana, conocida como Ley Helms-Burton, en 1996.

El recrudecimiento del bloqueo en lo tocante a las regulaciones en asuntos que competen a otros Estados se hizo aun más patente a partir de que, con la desintegración en 1991 de la antigua Unión Soviética desapareció el mundo bipolar que ponía freno a las apetencias imperiales.

La administración del presidente Barack Obama ha impuesto en menos de dos años alrededor de mil 100 millones de dólares en multas a individuos, empresas y bancos por realizar operaciones con Cuba prohibidas por el bloqueo, cifra que supera con creces el monto de las castigos que otras administraciones estadounidenses han aplicado por esa causa.

Los tentáculos del cerco anticubano, cada vez más extendidos hacia el resto de las naciones, evidencian así que las pretensiones de dominación mundial de los Estados Unidos no solo se mantienen, sino que se intensifican.

Los remedios prohibidos

En este mundo de contrastes han convivido durante siglos el bien hacer y el egoísmo a la par. No en balde José Martí identificó a los seres humanos en dos bandos: el de los que aman y fundan y el de los que odian y deshacen. Estos últimos han llegado hoy al límite de la crueldad. El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba así lo prueba

Orlando Ruiz Ruiz

En el Instituto de Oncología y Radiobiología de La Habana, por ejemplo, los médicos están imposibilitados de emplear las placas de yodo radiactivo en el tratamiento de niños y adultos que padecen del tumor retinoblastoma (afección congénita que se desarrolla en la retina), al no poder comprar dichos elementos, solo posibles de adquirir en los Estados Unidos.
Esta tecnología es mayormente utilizada en el tratamiento de niños, porque permite tratar el tumor conservando la visión del ojo afectado y la estética del rostro. Ante la carencia de las placas, la única alternativa es la extirpación del globo ocular y en una parte de los casos la eliminación de ambos órganos.
El ensañamiento llega al punto de impedir también a Cuba comprar el Temozolamide (Temodar), citostático específico para el uso en tumores del sistema nervioso central (gliomas y astrocitomas). Esta enfermedad afecta aproximadamente a 250 pacientes anuales, de los cuales alrededor de 30 son niños. El empleo de este medicamento aumentaría significativamente la supervivencia y calidad de vida de los enfermos, ya que tiene pocos efectos adversos y es de relativa fácil administración comparado con otros.
Pero el colmo del cinismo y la deshumanización es la medida dictada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que desde el año 2007 incluyó al cardiocentro pediátrico William Soler, de la capital cubana, en la categoría de “hospital denegado”, por lo cual se le imponen condiciones para venderle productos y se le niega la adquisición de estos si no cumple con determinadas exigencias impuestas en virtud de la política de bloqueo.
Esta criminal medida ha conllevado a un sin número de afectaciones en la realización de diferentes técnicas quirúrgicas por no poder adquirir en el mercado norteamericano determinados materiales, como sondas vesicales y traqueales de mayor calidad, catéteres y stents, entre otros.
A los pequeños cubanos cubanos aquejados de cardiopatías se les niega también el uso del dispositivo Amplatzer, de fabricación estadounidense, elaborado a partir de materiales especiales para evitar el rechazo orgánico. Este módulo es utilizado para el cierre percutáneo de la comunicación interauricular (cierra la abertura defectuosa entre las arterias aorta y pulmonar), procedimiento que evita la cirugía a corazón abierto, intervención que además de riesgosa, requiere de cuidados intensivos y una recuperación de tres semanas.
Como la vesanía imperialista no tiene límites, a la compañía norteamericana ABBOT que hace suministros al mundo entero sin restricción alguna, se le prohíbe la venta a Cuba del medicamento Sevofluorane, agente anestésico general inhalatorio de rápida inducción, que lo hace ideal para la aplicación de la anestesia en niños, entre otras ventajas.
Pero asombra que otros medicamentos genéricos de menor calidad y con efectos adversos, como el Levosimendan, fabricados por la misma compañía, tampoco pueden ser adquiridos en los hospitales pedriátricos cubanos.
Solo por las acciones aquí enumeradas, que representan una nimia parte dentro del conjunto de la política canallesca de Estados Unidos, el bloqueo clasifica como un acto genocida. No obstante, con deshumanizado cinismo, el secretario de Estado de Obama para América Latina, Arturo Valenzuela, acaba de decir que Washington no contempla el levantamiento del cerco tendido en torno a Cuba.
Lejos de atenuarse en el último año, las afectaciones derivadas del recrudecimiento del bloqueo, solo en el sector de la salud pública, ascienden entre mayo del 2009 y abril del 2010 a 15 millones 200 mil dólares, sin contar el daño humano y el sufrimiento de los niños.

El bloqueo: una piedra inamovible

Por Orlando Ruiz Ruiz

No son pocos los representantes de los centros de poder en Estados Unidos que continúan de manera infame tratando de hacer creer al mundo que el Gobierno de Cuba es culpable de que no se hayan normalizado las relaciones entre ambos países.

Algunas medidas relacionadas con la eliminación de restricciones para las visitas familiares de los cubanos residentes en los Estados Unidos, el envío de remesas y paquetes, así como el anuncio de otorgamiento de licencias para que empresas norteamericanas amplíen determinadas operaciones de telecomunicaciones en Cuba, adoptadas desde el pasado año por el presidente Obama, han sido difundidas con marcado interés por los grandes medios noticiosos internacionales durante los últimos tiempos.

Desde el momento mismo de la puesta en vigor de este paquete, y aún hoy, el enfoque de la supuesta apertura hacia Cuba, respaldada con los ingredientes de una ofensiva diplomática al respecto, pueden inducir a algunos que no conocen suficientemente esta realidad a pensar que el bloqueo ha comenzado a ser desmontado.

Una de las medidas más publicitadas, el eventual otorgamiento de licencias para que empresas norteamericanas amplíen determinadas operaciones de telecomunicaciones con Cuba, no es nueva. La Ley Torricelli estableció en 1992 el marco legal que permite ofrecer servicios de este tipo a la Isla; sin embargo, desde esa misma época las diferentes administraciones limitaron esa posibilidad en el ámbito de la telefonía y restringieron, incluso, el tipo de servicios que las compañías norteamericanas pueden proveer a la Isla.

La expectativa creada en el entorno comercial por las sucesivas ventas que tras el paso del huracán Michelle, en el año 2002, se han extendido hasta hoy, bajo la condición de pago al “cash”, tampoco representan una ruptura de las férreas mordazas con que se ha tratado de asfixiar durante casi medio siglo la voluntad de desarrollo del pueblo cubano. Se nos vende bajo condicionamientos que no se imponen a ningún otro comprador.

Ni esta ni ninguna otra de las decisiones en relación con la potencial suspensión de aspectos del bloqueo asegura que este vaya a ser modificado en su esencia. Hasta el momento, la naturaleza de todas las nuevas medidas adoptadas por el gobierno de Obama es esencialmente mediática. No se ha dado ningún paso sobre las regulaciones que deben acompañarlas y, además, no han sido derogados los incontables instrumentos legales que imposibilitan ponerlas en práctica.

En septiembre del 2009, y apenas tres días antes de darse a conocer el informe de Cuba a la Asamblea General de la ONU, sobre la necesidad del levantamiento del bloqueo, un amplio titular de prensa encabezaba los principales espacios noticiosos internacionales: “El presidente Barak Obama decretó hoy la continuación por un año más del embargo comercial y financiero impuesto a Cuba”.

Desde entonces acá nada ha cambiado, muy por el contrario, durante la última etapa una furibunda y mentirosa campaña de descrédito contra Cuba se ha gestado en los centros de poder estadounidenses, interesados en satanizar al Gobierno de la Isla y perpetuar el diferendo.

La conducta del Gobierno de los Estados Unidos desde octubre de 2008, cuando la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 63/7, hasta hoy, confirma que no se ha dado ningún paso para cambiar la política de bloqueo hacia Cuba. Por el contrario, se ha incumplido flagrantemente lo dispuesto por la Asamblea General de Naciones Unidas al reportarse numerosas acciones que la mantienen intacta.

El daño económico directo sufrido por la economía cubana, aun calculado de modo muy conservador, sobrepasa los 96 mil millones de dólares, cifra que ascendería a más de 236 mil millones, a los precios actuales del dólar norteamericano.

No obstante la reiterada y unánime condena de la comunidad internacional a la agresión económica, comercial y financiera contra Cuba, el presidente Obama, ha mantenido intacta la posición de sus antecesores al respecto, aun cuando esta viola también los derechos constitucionales del pueblo norteamericano.