No son pocos los representantes de los centros de poder en Estados Unidos que continúan de manera infame tratando de hacer creer al mundo que el Gobierno de Cuba es culpable de que no se hayan normalizado las relaciones entre ambos países.
Algunas medidas relacionadas con la eliminación de restricciones para las visitas familiares de los cubanos residentes en los Estados Unidos, el envío de remesas y paquetes, así como el anuncio de otorgamiento de licencias para que empresas norteamericanas amplíen determinadas operaciones de telecomunicaciones en Cuba, adoptadas desde el pasado año por el presidente Obama, han sido difundidas con marcado interés por los grandes medios noticiosos internacionales durante los últimos tiempos.
Desde el momento mismo de la puesta en vigor de este paquete, y aún hoy, el enfoque de la supuesta apertura hacia Cuba, respaldada con los ingredientes de una ofensiva diplomática al respecto, pueden inducir a algunos que no conocen suficientemente esta realidad a pensar que el bloqueo ha comenzado a ser desmontado.
Una de las medidas más publicitadas, el eventual otorgamiento de licencias para que empresas norteamericanas amplíen determinadas operaciones de telecomunicaciones con Cuba, no es nueva. La Ley Torricelli estableció en 1992 el marco legal que permite ofrecer servicios de este tipo a la Isla; sin embargo, desde esa misma época las diferentes administraciones limitaron esa posibilidad en el ámbito de la telefonía y restringieron, incluso, el tipo de servicios que las compañías norteamericanas pueden proveer a la Isla.
La expectativa creada en el entorno comercial por las sucesivas ventas que tras el paso del huracán Michelle, en el año 2002, se han extendido hasta hoy, bajo la condición de pago al “cash”, tampoco representan una ruptura de las férreas mordazas con que se ha tratado de asfixiar durante casi medio siglo la voluntad de desarrollo del pueblo cubano. Se nos vende bajo condicionamientos que no se imponen a ningún otro comprador.
Ni esta ni ninguna otra de las decisiones en relación con la potencial suspensión de aspectos del bloqueo asegura que este vaya a ser modificado en su esencia. Hasta el momento, la naturaleza de todas las nuevas medidas adoptadas por el gobierno de Obama es esencialmente mediática. No se ha dado ningún paso sobre las regulaciones que deben acompañarlas y, además, no han sido derogados los incontables instrumentos legales que imposibilitan ponerlas en práctica.
En septiembre del 2009, y apenas tres días antes de darse a conocer el informe de Cuba a la Asamblea General de la ONU, sobre la necesidad del levantamiento del bloqueo, un amplio titular de prensa encabezaba los principales espacios noticiosos internacionales: “El presidente Barak Obama decretó hoy la continuación por un año más del embargo comercial y financiero impuesto a Cuba”.
Desde entonces acá nada ha cambiado, muy por el contrario, durante la última etapa una furibunda y mentirosa campaña de descrédito contra Cuba se ha gestado en los centros de poder estadounidenses, interesados en satanizar al Gobierno de la Isla y perpetuar el diferendo.
La conducta del Gobierno de los Estados Unidos desde octubre de 2008, cuando la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 63/7, hasta hoy, confirma que no se ha dado ningún paso para cambiar la política de bloqueo hacia Cuba. Por el contrario, se ha incumplido flagrantemente lo dispuesto por la Asamblea General de Naciones Unidas al reportarse numerosas acciones que la mantienen intacta.
El daño económico directo sufrido por la economía cubana, aun calculado de modo muy conservador, sobrepasa los 96 mil millones de dólares, cifra que ascendería a más de 236 mil millones, a los precios actuales del dólar norteamericano.
No obstante la reiterada y unánime condena de la comunidad internacional a la agresión económica, comercial y financiera contra Cuba, el presidente Obama, ha mantenido intacta la posición de sus antecesores al respecto, aun cuando esta viola también los derechos constitucionales del pueblo norteamericano.
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