Cerco, justificaciones y mentiras

Gráfica: Manuel Fernández Malagón

Una simple lectura a los principales instrumentos jurídicos promulgados por Washington para instrumentar el bloqueo revela cómo este impone restricciones al derecho de personas naturales o jurídicas de cualquier país a establecer vínculos con Cuba.



Orlando Ruiz Ruiz

Hoy martes 25 de octubre la Resolución 65/6 de la Asamblea General de las Naciones Unidas: Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba será sometida por vigésima vez en las últimas dos décadas a la consideración de los actuales 196 Estados miembros permanentes de la Organización Mundial.

Ante los barruntos de una nueva derrota, como ha ocurrido en 19 votaciones anteriores desde 1992, los representantes del Gobierno norteamericano intensifican su tenebroso accionar en todo el mundo con el propósito de justificar, parapetados en una sarta de engañosos argumentos, la “necesidad” de mantener el cerco económico sobre la Isla.

Pero la propia historia de este abominable asedio descaracteriza a sus promotores. Las mentiras comenzaron con el pretexto mismo que esgrimieron ante la opinión pública mundial para iniciar la aplicación de tan arbitraria medida y solo se han modificado según la conveniencia del momento, a fin de evadir las denuncias por el daño que causa a un país soberano desde hace más de medio siglo.

Primero alegaron la supuesta pertenencia de Cuba al eje chino-soviético; le siguió entre los principales pretextos la llamada exportación de la Revolución a la América Latina y luego la presencia de tropas cubanas en África, que ayudaron a preservar la independencia de Angola, conquistar la de Namibia y derrotar al oprobioso sistema de apartheid imperante en Sudáfrica.

Desde hace dos décadas, al perder fundamento estas “razones”, esgrimen una presunta e hipócrita preocupación por los derechos humanos en la Isla del Caribe, cuando el cerco que imponen a la vida de los cubanos es precisamente la más brutal y generalizada violación de los derechos humanos aplicada a pueblo alguno, motivo por el cual califica como un delito de genocidio, según lo preceptuado en la Convención adoptada por la ONU en Ginebra en 1948.

Para confirmar el carácter transgresor del derecho presente en las acciones del bloqueo estadounidense, basta remitirse al memorando gubernamental del 6 de abril de 1960, ya desclasificado, en el que se fundamenta este con el declarado propósito de destruir la Revolución cubana mediante el hambre, la desesperación y el desaliento que, según calcularon sus promotores, tal política podría provocar.

Otra mentira no menos burda de los gobernantes de Estados Unidos es la afirmación de que el asedio económico, comercial y financiero constituye un asunto bilateral entre ese país y Cuba, tesis que esgrimen con el pretendido fin de no conceder legitimidad al debate del tema en la Asamblea General de las Naciones Unidas u otros foros internacionales. Pero el engaño se advierte en su probado carácter extraterritorial, atentatorio de la soberanía de todos los Estados del orbe, además de violar numerosos principios y normas del Derecho Internacional, incluida la propia carta de la ONU.

Una simple lectura a los principales instrumentos jurídicos promulgados por Washington para instrumentar el bloqueo revela cómo este impone restricciones al derecho de personas naturales o jurídicas de cualquier país a establecer vínculos con Cuba.

Esta ilegal práctica ha sido reforzada a partir de la última década del pasado siglo, sobre todo con la promulgación de la Ley para la Democracia Cubana o Ley Torricelli, en 1992, y de la Ley para la Solidaridad Democrática y la Libertad Cubana, conocida como Ley Helms-Burton, en 1996.

El recrudecimiento del bloqueo en lo tocante a las regulaciones en asuntos que competen a otros Estados se hizo aun más patente a partir de que, con la desintegración en 1991 de la antigua Unión Soviética desapareció el mundo bipolar que ponía freno a las apetencias imperiales.

La administración del presidente Barack Obama ha impuesto en menos de dos años alrededor de mil 100 millones de dólares en multas a individuos, empresas y bancos por realizar operaciones con Cuba prohibidas por el bloqueo, cifra que supera con creces el monto de las castigos que otras administraciones estadounidenses han aplicado por esa causa.

Los tentáculos del cerco anticubano, cada vez más extendidos hacia el resto de las naciones, evidencian así que las pretensiones de dominación mundial de los Estados Unidos no solo se mantienen, sino que se intensifican.